LA TRANSICIÓN A LA MONARQUÍA Y SUS VÍCTIMAS: UNA GUÍA PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

¿A qué razones obedece la amnesia sobre las víctimas de la llamada “transición pacífica a la democracia”?

El proceso político de la transición de la dictadura de Franco a la Monarquía juancarlista no fue una operación política pacífica, como de manera reiterada se nos ha querido hacer creer en el curso de los últimos 35 años. Las personas muertas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y de los grupos ultraderechistas sobrepasa con creces el centenar de víctimas, una cifra que supera a las ocasionadas por la dictadura en la etapa que precedió a la muerte de Franco. ¿Qué tácito acuerdo hace que los nombres de las personas que fueron asesinadas en manifestaciones y protestas durante ese periodo permanezca en el olvido? ¿Qué factores influyeron en que el poder se ensañara con particular rabia contra aquellos que se oponían a que los cambios políticos en España se limitaran a una operación meramente cosmética?

 

Los artífices de La gran estafa, juntos tras “limar asperezas”.

 

En el quinquenio  en el que se desarrolló la llamada “transición pacífica” a la democracia, es decir, entre los años 1976 -1981, las Fuerzas de Orden Público  (FOP), con la contribución de los grupos de extrema derecha, provocaron en el Estado español más de un centenar de muertos. La mayor parte de las víctimas se produjeron como consecuencia de la actuación de las FOP, entonces  bajo el mando del falangista Rodolfo Martín Villa, el general Antonio Ibáñez Freire y el dirigente de la UCD Juan José Rosón.

Fue durante este período cuando el gobierno de Adolfo Suárez, consciente de la impopularidad de los cuerpos represivos del franquismo, quiso aplicarles un lavado de rostro. La  “Policía Armada” de la dictadura fue transformada en la “Policía Nacional”. El cambio de nombre fue acompañado, asimismo, de un trueque  en el color de sus uniformes. Del gris repugnante de la dictadura se pasó al marrón, para finalmente terminar en un azul suave que pretendía ser tranquilizador. Pero tales permutas, similares por otra parte a las que se aplicaron al mismo sistema monárquico,  fueron solo formales. El carácter duramente represivo de los Cuerpos de Seguridad españoles no varió un ápice. Y en el caso de algunos de ellos, como el de la Guardia Civil, los cambios no afectaron ni siquiera a su propia apariencia. El nuevo régimen necesitaba mantener la imagen histórica de temor y terror que a lo largo de los años había  infundido la silueta de aquellos tricornios acharolados. La férrea estructura militar de este cuerpo tampoco se vio afectada. El poder real, aquel que había gobernado el país durante casi 40 años sobre una montaña de cadáveres de la Guerra Civil, no confiaba en la suerte que le podían deparar los nuevos e impetuosos vientos de la historia.

 

LAS VÍCTIMAS DE “LA TRANSICIÓN”

Pero, ¿quiénes fueron las más de cien víctimas que perdieron la  vida en el curso de los años conocidos como “La Transición”?  Durante el periodo  comprendido entre 1976 y 1982, las víctimas de la represión policial, parapolicial o de los grupos de la extrema derecha   fueron en su mayoría personas  cuyas edades oscilaban entre los 20 y 30 años. Formaban parte de una generación que no había conocido ni el inmenso terror del conflicto armado del 36,  ni tampoco  la dura represión de la postguerra. En su mayoría se trataba de jóvenes politizados de izquierdas que se negaban a aceptar el derrotero político que se estaba produciendo en la España  postfranquista. Durante las década de los sesenta y los setenta, un considerable número de ellos, procedentes de la clase obrera urbana y de los sectores estudiantiles, se habían incorporado a la lucha antifranquista. Sus  reivindicaciones políticas, sin embargo,  no acababan en el derrocamiento de la dictadura, sino que pretendían lograr que se produjeran cambios profundos en la estructura política y económica del país.

 

ESPAÑA Y EL MUNDO EN EBULLICIÓN

Simultáneamente  a la toma de conciencia política  de aquella generación, en el mundo se estaban produciendo conmociones sociales de suma importancia. En Portugal, los sectores más jóvenes y radicales  del Ejército, apoyados por una buena parte de la sociedad portuguesa, habían acabado con una dictadura aún más antigua que la franquista. Y la dirección que los acontecimientos tomaban auguraban cambios revolucionarios. En el resto del planeta los  movimientos anticoloniales se encontraban en plena ebullición, tanto en el vecino continente africano como en Asia. Cuba, Vietnam y América Latina constituían un auténtico reto a la hegemonía imperial estadounidense.

Pero en España las cosas no se quedaban atrás. La conflictividad laboral fue una constante que caracterizó aquellos años. El  movimiento huelguístico de la década de los sesenta y los setenta  tuvo una  importancia histórica. Las estadísticas al respecto son elocuentes. Entre 1964 y 1966 se perdieron 171.000 jornadas de trabajo por conflictos reivindicativos o de solidaridad. Pero entre 1973 y 1975 la cifra se elevó a 1.548.000. El cenit de la conflictividad se alcanzó en el periodo 1976-78, en el que se perdieron más de trece millones de jornadas de trabajo. Ni en la  Rusia de los zares durante el periodo que precedió a  la Revolución de Octubre se había producido  una ola huelguista de esa magnitud. ¿Sería aventurado afirmar que la situación social española se acercaba a los límites de las condiciones que comúnmente calificamos como “prerrevolucionarias”?.

Todas las condiciones se daban, pues,  para que un sector notable de la juventud española aspirara  a que los cambios que se produjeran en el Estado español  no quedaran reducidos a un régimen de  libertades formales, similar al que se conocía en la Europa capitalista. La democracia económica y social era en aquel entonces la meta a conseguir.

 

LA OPERACIÓN LAMPEDUSA: CAMBIAR ALGO PARA QUE NADA CAMBIE

En 1975, cuando murió el  dictador, el régimen totalitario apoyado por la burguesía española resultaba ya insostenible. Las razones de su desvencijamiento fueron múltiples, pero la esencial era que el conjunto de la sociedad ya no aceptaba el sistema de dominio que las clases hegemónicas habían ejercido hasta ese momento. La burguesía española y los burócratas del aparato estatal eran conscientes de sus debilidades. Para garantizar su propia continuidad necesitaban negociar una salida a la situación con quienes objetivamente estaban representando  a los sectores más dinámicos y  activos de la sociedad. El PCE, el PSOE, los grupos de la derecha nacionalista y otras pequeñas organizaciones sin mayor relevancia, aceptaron la vía de la negociación con el Poder franquista constituido. La izquierda abertzale vasca, en cambio, se negó rotundamente a aceptar aquella operación.

Si bien en un principio los grupos de la oposición decían esgrimir como reivindicación política irrenunciable la “ruptura democrática” con el régimen dictatorial,  en la medida en que avanzaron las negociaciones con  los herederos del sistema franquista el concepto de “ruptura” fue  sustituido por una suerte de híbrido al que denominaron “ruptura pactada”.  En realidad, el resultado fue una simple transacción político-mercantil a través de la cual los partidos y organizaciones de la oposición – PSOE, PCE y sindicatos – reconocieron  el sistema monárquico, su bandera y,  lo que era más importante,  la intangibilidad del sistema económico capitalista. A cambio recibían su inserción en el sistema y un blindaje de subvenciones estatales que garantizaba la supervivencia de sus superestructuras burocráticas.  Con esta compleja operación política se procedió a la  inauguración del régimen político aún hoy vigente: la monarquía borbónica.

 

LAS RAZONES PARA UNA AMNESIA SOBREVENIDA

Durante aquellos años, la violencia del aparato del Estado se ensañó particularmente contra quienes combatían por una auténtica ruptura democrática que rompiera el conglomerado de intereses políticos y económicos creados por la dictadura y diera paso a un régimen libremente elegido por todos los pueblos del Estado español.  Con la excepción de algunos de los asesinados durante este período que tuvieron una gran proyección mediática, el sacrificio de las decenas de  jóvenes caídos en acciones de protesta o en manifestaciones callejeras ha pasado al olvido. La desmemoria ha sido deliberada. A las fuerzas políticas asentadas en la institucionalidad del nuevo sistema monárquico les resulta intolerable el recuerdo de aquel centenar y pico de muertos porque su memoria no cuestiona solamente el supuesto carácter “pacífico” del proceso de la “Transición “, sino que pone en un primer plano la ilegitimidad del mismo y de su resultado, así como la esencia miserable  del contubernio que lo hizo posible.

La hagiografía del nuevo régimen ha tenido la innegable habilidad,  hasta hace relativamente poco tiempo,  de  convertir ante amplios sectores de la opinión pública a los villanos en héroes y a los héroes en villanos. Pero como ha sucedido frecuentemente a lo largo de la historia, aunque  sea destiempo, la versión oficial de aquella etapa ya ha empezado a ser reescrita por las nuevas generaciones.

 

LA IMPUNIDAD  INAUGURA EL NUEVO RÉGIMEN DE LA MONARQUÍA

Ni un solo miembro de los Cuerpos de Seguridad del Estado fue condenado por las más de cien muertes alevosas que dejó como saldo la Transición.  Y ello a pesar de que,  en no pocas ocasiones,  se crearon  rimbombantes “comisiones investigadoras” que,  manejadas por  el propio Ministerio del Interior,  hacían imposible  el conocimiento de los autores de los disparos criminales. Cuando excepcionalmente algunos miembros de los grupos de la extrema derecha eran atrapados y  juzgados,  los condenados contaban con la complicidad de magistrados como Gómez Chaparro y Varón Cobos,  que  les concedían  licencias penitenciarias para que pudieran escapar de la prisión. Como atestigua  el letrado Juan Manuel Olarieta en una investigación realizada al respecto,   la inmensa mayoría de las muertes que se produjeron en esta etapa por las fuerzas policiales quedaron en la más absoluta impunidad.

Hay un dato que no es en absoluto casual: el número de víctimas durante la denominada “transición pacífica a la democracia”  fue  considerablemente superior al de  la etapa que precedió a la muerte del Dictador. Y es que durante ese delicado  periodo  de profunda crisis política, a la que se había unido la convulsión social y la crisis económica,  las clases hegemónicas españolas eran conscientes de lo que se estaban jugando en aquella complicada operación de remozamiento del aparato de la dictadura.

José María de Areilza, conde de Motrico, destacado falangista en el 36, embajador deEspaña en la Argentina de Perón y,  finalmente, ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de la Monarquía, expresaba con mucha precisión en las páginas de su diario correspondientes a 1976  la  fragilidad del momento político: “O acabamos en golpe de Estado de la derecha. O la marea revolucionaria acaba con todo”. Justamente por ello,  para quienes representaban los intereses de la burguesía nacida o consolidada al  abrigo del franquismo no quedaba otra opción que hacer concesiones  formales a los grupos políticos y organizaciones que tenían predisposición para aceptarlas y tratar de borrar del mapa,  política y físicamente,  a aquellos otros que ofrecieran resistencia a sus planes. Y vaya si lo lograron. Lo uno y lo otro.